El caso del ciudadano hondureño arrestado en pleno desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha dado un giro definitivo en los tribunales federales de los Estados Unidos.
Este lunes se confirmó que un juez estadounidense tomó la estricta determinación de dictar detención judicial y mantener tras las rejas al catracho mientras continúa el proceso legal en su contra por violar la seguridad aérea del torneo.
El compatriota, identificado como Luis Mauricio Flores Ordóñez, de 33 años, compareció en su primera audiencia ante el juez magistrado estadounidense Jeffrey L. Cureton, quien ordenó de manera inmediata que el imputado permanezca bajo custodia federal y sin derecho a fianza mientras avanzan las investigaciones y diligencias correspondientes.
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Flores Ordóñez enfrenta una seria denuncia penal presentada formalmente el pasado 15 de junio de 2026 por el presunto delito de posesión y operación de una aeronave no registrada en una zona con Restricción Temporal de Vuelo (TFR).
Como se informaba anteriormente, el FBI detectó el dron comercial modelo DJI Mini 3 Pro sobrevolando el perímetro de exclusión del AT&T Stadium (Estadio de Dallas) en Arlington, Texas.
Ante la gravedad del hecho, el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, lanzó una nueva y dura advertencia dirigida a todos los asistentes y creadores de contenido, aclarando que las restricciones no solo blindan los recintos deportivos, sino también las zonas oficiales de concentración de aficionados.
"Si operas un dron sobre espacio aéreo restringido, incluyendo el Estadio de Dallas o el Fan Fest, puedes esperar una acusación federal como la presentada en este caso", sentenció firmemente el fiscal Raybould.
Las agencias de seguridad revelaron que la vigilancia fronteriza, aérea y cibernética es total, al grado de que ya han incautado más de 20 drones que operaban de forma ilegal e imprudente tan solo durante los dos primeros partidos celebrados en la localidad de Arlington.
Lo que le espera en el juicio federal
Para realizar un vuelo legal en estas zonas de alta seguridad, la Administración Federal de Aviación (FAA) exige una serie de credenciales rigurosas como el registro del aparato, una licencia de piloto bajo la normativa Parte 107 o un Certificado de Exención especial; requisitos con los que el hondureño no contaba al momento de ser interceptado por los sistemas de contravigilancia del FBI.
El caso ahora ha pasado a manos del fiscal federal adjunto Eric B. Chen, quien estará a cargo de evacuar y sustentar el paquete de pruebas en las siguientes etapas del juicio.
De ser declarado culpable al término del proceso, el originario de Honduras se enfrenta a una pena máxima de hasta tres años de prisión en una cárcel federal.
Por ahora, las autoridades enfatizaron que el imputado mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente dicte una sentencia definitiva bajo la legislación estadounidense.
